La iniciativa busca recomponer salarios, actualizar partidas por inflación y crear un fondo para carreras estratégicas. Apunta a lograr el 1,5% del PBI en inversión universitaria para 2031.
En medio de una creciente preocupación por la crítica situación presupuestaria de las Universidades Nacionales, legisladores presentaron este martes un Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria que propone un esquema estable, previsible y sin impacto negativo sobre las cuentas públicas. La iniciativa plantea una reasignación de prioridades que ubica a la educación superior como motor clave del desarrollo económico, científico y social.
Un sistema asfixiado por la prórroga presupuestaria
El proyecto surge tras la decisión del Gobierno nacional de prorrogar el presupuesto 2023 para 2025, lo que —según el texto presentado— provocó un desfasaje del 134% en relación con la inflación acumulada. Actualmente, el presupuesto asignado solo cubre el 50% de las necesidades reales del sistema universitario. En ese marco, más del 70% de los trabajadores universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Los seis ejes centrales de la iniciativa
- Recomposición salarial inmediata para docentes y nodocentes, calculada sobre la inflación desde diciembre de 2023. Además, se plantea la convocatoria obligatoria a paritarias trimestrales, con aumentos mensuales que al menos empaten al índice del INDEC.
- Gastos de funcionamiento garantizados, actualizados anualmente por inflación, para asegurar la continuidad de las actividades académicas, de investigación y extensión.
- Fondo para carreras estratégicas, con una partida inicial de $10.000 millones, destinado a áreas como inteligencia artificial, investigación aplicada y cooperación internacional.
- Ampliación de becas estudiantiles, con fortalecimiento de programas como Progresar y Manuel Belgrano, enfocados en estudiantes de sectores vulnerables.
- Asignación proporcional dentro de la coparticipación federal, lo que establecería una participación específica del sistema universitario sin afectar los fondos destinados a las provincias.
- Objetivo de inversión del 1,5% del PBI en educación universitaria para el año 2031, mediante incrementos anuales estipulados en el Presupuesto Nacional.
Autonomía, planificación y derecho a la educación
El texto subraya que la universidad pública es un derecho humano universal, un bien social y una herramienta fundamental de movilidad social ascendente. Además, plantea que el financiamiento debe garantizarse por ley para asegurar la autonomía universitaria y permitir una planificación de largo plazo, al resguardo de eventuales medidas de ajuste económico.
Apoyo desde las universidades
Desde la Universidad Nacional de Tucumán y otras casas de altos estudios del país, se espera que el Congreso trate con urgencia el proyecto. Coinciden en que la educación superior enfrenta una crisis sin precedentes y que una ley de financiamiento es indispensable para sostener el sistema y proyectarlo hacia el futuro.
El mensaje del sector universitario es claro: sin presupuesto no hay universidad posible, y sin universidad pública no hay futuro para el país.
