A un día de la marcha universitaria convocada para el 2 de octubre, el entorno del presidente Javier Milei redobla la apuesta y considera la idea de traspasar las universidades nacionales a las provincias, junto con la insistencia en el arancelamiento de las mismas. Esta medida surge en el contexto de un creciente conflicto entre el Gobierno y la comunidad universitaria, impulsado por el ajuste presupuestario y la reciente ley de Financiamiento Educativo.
Según fuentes del Gobierno, Milei tiene la intención de vetar la norma sancionada por la oposición en el Congreso, lo que ha generado una fuerte oposición en el sector educativo. La discusión se intensifica justo antes de la marcha universitaria, en la que estudiantes y docentes expresarán su rechazo al ajuste y la falta de financiamiento.
Aunque algunas voces dentro del Gobierno han afirmado que «por ahora no hay un proyecto concreto» para el traspaso, se sostiene que si se decide dejar de financiar las universidades nacionales desde la Nación, esto debería ser aprobado por una nueva ley del Congreso, modificando la actual Ley Nº 24.521 de Educación Superior. Esta ley establece que el Estado nacional es responsable de proveer el financiamiento y supervisión de las universidades.
En su defensa, la administración de Milei argumenta que las universidades, al ser autárquicas, podrían financiarse mediante la implementación de aranceles para los estudiantes. Esta propuesta ha generado críticas, con algunos sectores afirmando que el traspaso de universidades nacionales a las provincias, sin los recursos necesarios, podría agravar la situación educativa en el país.
El artículo 2º de la Ley de Educación Superior establece claramente que el Estado nacional debe financiar y supervisar las universidades nacionales, mientras que las provincias sólo están obligadas a mantener los institutos de formación superior de gestión estatal. La Constitución Nacional también prohíbe la transferencia de competencias sin la correspondiente reasignación de recursos.
Desde la Casa Rosada, se reconoce que la idea de un «Estado mínimo» se está avanzando y que el Gobierno busca implementar ajustes también en provincias y municipios para lograr un déficit cero. En este contexto, las provincias de Buenos Aires y CABA serían las más afectadas, considerando la gran cantidad de instituciones de educación superior que albergan.
A medida que se acercan las elecciones legislativas de 2025, Milei y su equipo parecen usar la idea del traspaso como un «globo de ensayo», buscando reconfigurar el financiamiento educativo. Mientras tanto, el sector más conciliador del Gobierno intenta negociar con la oposición un aumento en las partidas destinadas a educación, en el marco del debate del Presupuesto Nacional 2025.
En respuesta a la creciente tensión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ha defendido el aumento del presupuesto destinado a las universidades y ha instado a las autoridades educativas a evitar movilizaciones que puedan entorpecer el diálogo.
Las universidades, por su parte, han convocado a la marcha del 2 de octubre, instando al presidente a no vetar la ley de Financiamiento Universitario y reclamando un compromiso real con el futuro de la educación en el país.
