El jurista presentó su dimisión luego de que el Senado rechazara su pliego con 51 votos en contra. Estuvo apenas 39 días en funciones.
Tras semanas de tensión institucional y fuertes presiones políticas, Manuel García-Mansilla presentó este lunes su renuncia como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo hizo a través de una carta dirigida al presidente Javier Milei, quien lo había nombrado por decreto, bajo la figura de designación “en comisión”. Su paso por el máximo tribunal duró apenas 39 días.
La decisión se precipitó luego de que el Senado rechazara su pliego con una contundente mayoría: 51 votos en contra y solo 20 a favor. Ese rechazo desató una ola de cuestionamientos a su legitimidad, tanto en el ámbito judicial como académico. Incluso la propia Corte, con la que había comenzado a trabajar, mostró resistencia a convalidar su permanencia.
Tras el rechazo del Senado, el juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar que le prohibía a García-Mansilla intervenir en causas en trámite o tomar decisiones administrativas durante tres meses. El fallo advertía que cualquier acto que firmara podría ser considerado “ilegítimo, nulo o inexistente”, afectando la seguridad jurídica del sistema judicial.
Si bien García-Mansilla decidió no apelar, el Gobierno sí lo hizo: presentó un salto de instancia para que la Corte Suprema revisara directamente la resolución. Sin embargo, el frente político y judicial ya se mostraba insostenible.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, presidido por Ricardo Gil Lavedra, también reclamó su salida. A ese pronunciamiento se sumaron académicos y juristas de todo el país, quienes señalaron que la continuidad del juez contradecía el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional.
Un camino sin respaldo
El clima político terminó por aislar al académico. Según fuentes del oficialismo, ya desde el viernes se evaluaba seriamente la posibilidad de que renuncie. «No creemos que siga», anticiparon entonces.
Con su salida, la Corte Suprema vuelve a quedar con tres miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La falta de quórum propio podría obligar al tribunal a convocar conjueces para resolver causas en las que no haya consenso pleno.
Una carta de renuncia con críticas y advertencias
En su carta al presidente, García-Mansilla defendió su designación y advirtió sobre el «espejismo institucional» que implica una Corte con solo tres jueces. “No puede perderse de vista que si alguno de los tres integrantes actuales tuviera algún impedimento, la Corte se vería imposibilitada de funcionar”, señaló.
También cuestionó con dureza al Senado por demorar el tratamiento de su pliego y acusó a algunos legisladores de tergiversar sus declaraciones para justificar el rechazo. «La única razón por la que no lo trataron fue la especulación política», afirmó.
Por último, expresó: “Estoy convencido de que mi permanencia en el cargo no ayudaría a que los responsables de integrar debidamente el Tribunal tomen conciencia de la seriedad del problema y actúen en consecuencia”. Y concluyó: “Honré el compromiso de desempeñar mis obligaciones como juez de forma independiente, recta e imparcial”.
Un final que reaviva el debate institucional
La renuncia de García-Mansilla abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo deben cubrirse las vacantes en la Corte Suprema y cuál es el límite del Ejecutivo a la hora de nombrar jueces por decreto. La falta de consensos políticos vuelve a dejar a la cabeza del Poder Judicial con una integración incompleta y con un funcionamiento condicionado. Mientras tanto, la necesidad de avanzar en un nombramiento definitivo sigue sin respuesta.
