El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno Nacional «inicia la auditoría en todos los planes Potenciar Trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta».
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero señaló que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal federal Guillermo Marijuan, llegarían ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.
«Saludamos la investigación del fiscal donde se acreditó la identidad de 8 mil personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60 mil beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiaros», destacó.
En ese sentido, el funcionario comentó que esos «160 mil planes equivalen a 10 mil millones de pesos que los argentinos no tienen ni deben hacerse cargo».
Adorni agregó que el objetivo de la iniciativa es «transparentar el sistema» y que los planes «dejen de significar un negocio para los intermediarios».
Respecto de la actualización de los montos que reciben los beneficiarios, Adorni dijo que «están congelados» y que el foco está puesto en los más vulnerables.
Además, recordó el aumento fijado para la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar pero señaló que se «administran recursos escasos ante necesidades infinitas».
Marijuán investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible.
El funcionario judicial había pedido información al respecto a todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y en base a lo ya recibido se hizo un entrecruzamiento de datos y se determinó la irregularidad.
La fiscalía investiga posibles delitos de «violación de deberes» de funcionario público por omisión de controlar y «defraudación» y ya detectó 8535 casos.
Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.
Marijuán ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.
Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de «Potenciar Trabajo» viajaron al exterior, muchos de ellos «en numerosas oportunidades»
El integrante del ministerio público pidió investigar «presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público».
Potenciar Trabajo en Tucumán: Beneficiarios cobran indebidamente
El fiscal federal Guillermo Marijuan acreditó la identidad de al menos 8.535 empleados de 10 provincias que son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron, entre ellos Tucumán.
Según ha confirmado el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, han detectado más de 1.000 beneficiarios que continúan cobrando el programa pese a tener otro trabajo remunerado. «Este es un programa que está hecho para la emergencia laboral, no para que alguien saque provecho del mismo», afirmó.
Masso explicó en Los Primeros que, si un beneficiario del programa consigue un trabajo en blanco, seguirá cobrando parte del plan durante los siguientes tres meses, pero al cuarto, debe renunciar al Potenciar Trabajo.
Esas renuncias no se han dado y más de mil personas siguen cobrando, por lo que deberán devolver el dinero y serán dados de baja.
«Hay 1.122 beneficiarios que están bajo observación. Tenemos que corroborar su situación y lo vamos a informar para que devuelvan el dinero que han cobrado indebidamente», aseguró.
