La jueza Martina Forns hizo lugar parcialmente a una cautelar del gremio Sevina. El Ejecutivo no podrá aplicar traslados, cesantías ni eliminar estructuras del organismo hasta que se resuelva el fondo del reclamo.
La Justicia federal resolvió suspender por seis meses la aplicación del decreto 461/2025 que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad. La medida fue dictada por la jueza en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, Martina Forns, quien hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados Viales Nacionales (Sevina).
La magistrada ordenó al Estado nacional y al Poder Ejecutivo abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto firmado el pasado 8 de julio, que formaba parte del plan de reestructuración impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Protección del statu quo laboral
Entre los alcances de la resolución, se destaca la prohibición de aplicar reubicaciones, traslados, cesantías, pases a disponibilidad o eliminación de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional. La jueza argumentó que existen “circunstancias graves y objetivas” que justifican el dictado de la medida cautelar de no innovar, con el objetivo de “evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo” mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
En su fallo, Forns subrayó que el Estado no puede modificar unilateralmente condiciones laborales establecidas mediante normas colectivas vigentes, al amparo de la Constitución Nacional y de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que poseen jerarquía constitucional en Argentina, entre ellos los convenios N.º 87, 98 y 151.
El fondo del conflicto sigue abierto
La jueza aclaró que no se pronunció sobre el pedido de nulidad e inconstitucionalidad del decreto, ya que esa evaluación “requiere un análisis más complejo, con amplio debate y producción de prueba”, que no puede resolverse en esta instancia preliminar.
El Poder Ejecutivo buscará revertir la cautelar con una nueva presentación judicial luego de la feria de invierno, aunque por el momento, la decisión de disolver el organismo vial queda paralizada por al menos seis meses.
La medida significa un revés judicial para el gobierno, que ya había iniciado contactos para avanzar con la transferencia de competencias y recursos de Vialidad hacia estructuras más reducidas dentro del Ministerio de Infraestructura.
