El Tribunal Oral Federal N°2 intimó este martes a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los otros siete condenados en la causa Vialidad a devolver $684.990 millones al Estado nacional, suma establecida por los peritos de la Corte Suprema. Tienen diez días hábiles para cumplir con la medida, con plazo límite hasta el 13 de agosto. De no hacerlo, se activará la etapa de ejecución de bienes.
La decisión judicial también rechazó el ofrecimiento presentado por la defensa de la expresidenta, que proponía pagar $42.000 millones, argumentando que equivalía al 6% del monto total calculado por el tribunal. El TOF fue contundente: el monto no es negociable.
Devolución solidaria y sin reparto individual
La resolución, firmada por el juez Jorge Gorini, no discrimina cuánto debe pagar cada uno de los condenados. Se trata de una responsabilidad solidaria, lo que significa que todos los imputados deberán ponerse de acuerdo para cubrir el monto total. A su vez, el magistrado ordenó la apertura de una cuenta bancaria en el Banco Nación para recibir los depósitos correspondientes y la ampliación de los embargos preventivos existentes.
“Íntimese a las personas condenadas al pago de la suma de $684.990.350.139,86, la cual deberá ser depositada a cuenta y orden del tribunal en el plazo de diez días hábiles a partir de la notificación del presente”, expresa el fallo.
Reacción de la fiscalía y nuevas medidas
La decisión llega un día después de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaran una serie de medidas clave para garantizar el decomiso de bienes. En particular, pidieron extender a todos los condenados las restricciones que actualmente pesan sobre Báez para evitar la venta, cesión o transferencia de activos que podrían usarse para cumplir con la condena económica.
Además, solicitaron investigar a Claudia Insaurralde, pareja del empresario, por su posible rol como testaferro o prestanombre. De acuerdo con la fiscalía, desde 2016 podría haber recibido bienes transferidos por Báez o actuado en su representación. En mayo de 2020, el empresario le había otorgado un poder amplio para manejar sus negocios. La semana pasada, la mujer lo visitó en el penal de Río Gallegos para que firmara documentos vinculados a inmuebles y otras propiedades.
Contexto político y judicial
La intimación ocurre en un escenario político volátil, en el que la expresidenta mantiene fuerte influencia dentro del peronismo y donde el Gobierno nacional monitorea de cerca el desenlace judicial por el impacto institucional que puede generar una eventual ejecución de bienes.
La causa Vialidad, que tuvo sentencia en diciembre de 2022, marcó la primera condena penal a Cristina Kirchner en el marco de su paso por el poder. Fue hallada culpable por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, junto a Báez y otros exfuncionarios, por el direccionamiento de 51 contratos de obra pública en Santa Cruz.
El caso sigue sumando capítulos en los tribunales federales, mientras la defensa de los condenados evalúa nuevos recursos legales para dilatar el cumplimiento de una de las penas económicas más altas dictadas por la Justicia argentina.
