El legislador tucumano había sido condenado en 2022 por un hecho ocurrido dentro de su despacho en el Congreso en 2016
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por la defensa del legislador tucumano José Orellana y dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso por abuso sexual simple. La sentencia también contempla la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de incorporar su perfil genético al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Un abuso ocurrido dentro del Congreso
El hecho por el que fue condenado ocurrió el 11 de noviembre de 2016 en uno de los anexos de la Cámara de Diputados de la Nación. Según lo establecido en el juicio, Orellana, por entonces diputado nacional por Tucumán, abordó a una secretaria dentro de su despacho, le hizo comentarios de índole sexual, la abrazó y le besó el interior de la oreja sin su consentimiento. “Seguramente nadie te besó así, ¿no?”, le dijo mientras la sujetaba.
La víctima se desempeñaba como secretaria de otra legisladora. Tras el abuso, le relató lo sucedido a cinco personas, lo que fue considerado por el tribunal como un testimonio consistente, verosímil y sin contradicciones.
Una causa que avanzó tras años de idas y vueltas
En 2018, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº6 había decretado la falta de mérito de Orellana. Sin embargo, tras la apelación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47 y de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), el caso volvió a tomar impulso. La Cámara de Apelaciones ordenó profundizar la investigación y, finalmente, se dictó el procesamiento.
Durante el juicio, el fiscal Sandro Abraldes argumentó que Orellana se valió de su posición de poder como diputado nacional para intimidar a la víctima. Solicitó tres años de prisión, la inhabilitación perpetua y la extracción de su perfil genético, todo lo cual fue concedido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 en diciembre de 2022.
Rechazo a todas las apelaciones y cierre del caso
La defensa de Orellana intentó revertir la condena ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que en agosto de 2024 rechazó el planteo por unanimidad. “Reducir el suceso a un conflicto entre particulares es desconocer el contexto fáctico y jerárquico en el que se cometió el abuso”, sostuvieron los jueces Huarte Petite, Jantus y Magariños.
Finalmente, la Corte Suprema desestimó el último intento de revisión. Consideró que el recurso no cumplía con los requisitos formales establecidos en la Acordada 7/2004. Con esta decisión, la condena quedó firme.
Consecuencias institucionales y políticas
Con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Orellana —actual legislador en Tucumán— queda excluido de cualquier función dentro del Estado. Además, su perfil genético será registrado en la base de datos de agresores sexuales, lo que representa una sanción simbólica y práctica de gran peso.
El fallo se da en un contexto de creciente presión social para que las instituciones políticas y judiciales adopten una postura firme frente a hechos de violencia de género y abuso sexual, especialmente cuando involucran a figuras públicas con poder.
