Tras el fallo de la jueza Loretta Preska que ordena a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios de la demanda por la expropiación de 2012, el Gobierno nacional ya trabaja en la estrategia de apelación y descarta cumplir con la orden judicial de forma voluntaria.
Desde la Casa Rosada confirmaron que no entregarán las acciones ni pagarán la indemnización por US$16.100 millones. “No vamos a pagar de ninguna forma y vamos a utilizar todos los recursos para ganar el juicio”, afirmaron fuentes oficiales. La apelación será presentada “lo antes posible”, aunque sin una fecha definida por ahora.
Una estrategia judicial a fondo
El recurso será impulsado por la Procuración del Tesoro, a cargo de Santiago Castro Videla, quien mantuvo reuniones con el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, para coordinar la estrategia legal y política. El Gobierno insiste en que agotará todas las vías judiciales posibles ante la Justicia estadounidense para evitar tanto el pago como la transferencia de acciones.
Además, Nación descarta negociar con los fondos demandantes (Burford y Eton Park) y niega que se evalúe tomar deuda o utilizar reservas para cumplir con la sentencia. El objetivo, según plantean en Balcarce 50, es demorar todo lo posible el desenlace judicial y buscar una eventual reversión del fallo en instancias superiores.
La Casa Rosada apunta a Kicillof
En paralelo a la defensa legal, el oficialismo lanzó una ofensiva política y responsabilizó a Axel Kicillof por la situación actual. “Estamos pagando las consecuencias de una expropiación mal hecha”, sostienen en el entorno del presidente Javier Milei, quien encabezó una reunión de gabinete este lunes en medio de las tensiones por la causa judicial.
También hubo un cónclave político encabezado por Karina Milei, con la participación de Caputo, Guillermo Francos, Martín Menem y otros dirigentes de la mesa chica del oficialismo, para alinear el discurso en torno al caso YPF.
El trasfondo del fallo
La decisión de Preska, emitida la semana pasada, dispone que la República Argentina debe transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia en Nueva York, y desde allí iniciar la transferencia a los beneficiarios del fallo. La orden llega mientras aún se encuentran en trámite otras dos apelaciones relacionadas: una del Estado argentino para anular la sentencia, y otra de los demandantes que buscan involucrar directamente a YPF como parte culpable.
La disputa judicial se da en un contexto de fuerte restricción fiscal y sin margen político ni económico para un acuerdo millonario. Por eso, en el Ejecutivo nacional afirman que la única vía posible es la judicial y que irán “hasta las últimas consecuencias” para evitar una ejecución forzada de la sentencia.
