La Corte Suprema ratificó la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Legislatura provincial se preparaba para destituirlo.
El legislador provincial José “Mellizo” Orellana presentó su renuncia a la banca que ocupaba en la Cámara de Tucumán, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena en su contra por abuso sexual simple. La decisión del máximo tribunal dejó firme una sentencia de tres años de prisión en suspenso, dictada en 2022, en el marco de una causa que se originó en 2016 y que incluyó graves acusaciones por acoso a una secretaria durante su etapa como diputado nacional.
La renuncia llegó apenas horas después de que se conociera la resolución de la Corte, que rechazó un recurso de apelación presentado por la defensa. Si bien Orellana aún ocupaba su banca, su permanencia en el cargo era insostenible: desde la Legislatura provincial ya se analizaba su destitución inmediata. Con su salida anticipada, evitó ese paso institucional, pero no las consecuencias políticas y judiciales.
Una condena con inhabilitación perpetua
El fallo judicial no solo implica una pena en suspenso —es decir, sin prisión efectiva—, sino también una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, se ordenó que su perfil genético sea incorporado al Registro Nacional de Datos Genéticos, utilizado en causas de delitos contra la integridad sexual.
Aunque en un primer momento había sido sobreseído, la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) fue clave para reabrir la causa. El juicio oral posterior permitió reconstruir los hechos a través de pruebas y testimonios, en los que se acreditaron los episodios de acoso dentro del ámbito laboral.
Críticas por su permanencia en el cargo tras la condena
La situación de Orellana generó reclamos desde sectores sociales, políticos y de derechos humanos, que cuestionaban el hecho de que, pese a la condena firme de 2022, el legislador siguiera ejerciendo su función pública sin restricciones. El escándalo fue tomando fuerza con el paso del tiempo y derivó en una fuerte presión institucional y mediática.
Ahora, con la sentencia ratificada por la Corte Suprema, el caso sienta un precedente en la provincia de Tucumán sobre la responsabilidad de los funcionarios condenados por delitos contra la integridad sexual. La renuncia de Orellana no borra el hecho ni cierra la polémica, pero marca un punto de inflexión en la relación entre ética pública y representación institucional.
La Legislatura deberá avanzar en los próximos días en la designación de su reemplazo, mientras el expediente judicial continuará su curso para garantizar el cumplimiento de las sanciones impuestas.
