El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció la posición adoptada por su administración en la causa que investiga a un productor rural por una conexión irregular sobre un acueducto en Yerba Buena, destinada a llenar una represa con agua potable. El Gobierno provincial ha decidido actuar como querellante en el proceso judicial.
El incidente, que afectó el suministro de agua potable para la comunidad, fue calificado por Jaldo como una situación grave. «Nosotros hemos fijado una posición como máxima autoridad. Nos hemos convertido en querellantes de esa causa. El profesional que nos representa llevará adelante el proceso judicial», afirmó el gobernador, destacando la importancia de que la justicia se encargue de esclarecer el daño causado.
Jaldo pidió una pena máxima para el responsable, subrayando que el agua utilizada para llenar la represa debía haber sido destinada al consumo humano, principalmente para los vecinos de Yerba Buena. «Difícilmente se arme semejante represa para que se llene con agua de lluvia. Se estaba abasteciendo de un caño de la SAT», explicó, y agregó que la justicia tiene que determinar el impacto que este robo de agua ha tenido en la comunidad.
El mandatario concluyó destacando la importancia del caso: «La única verdad es la realidad. Esa represa tenía agua de la SAT que estaba destinada para que la consuman los seres humanos en diferentes barrios y lugares de Tucumán».
