La Fiscalía de Estado y la Secretaría de Producción del Ministerio de Economía y Producción firmaron un convenio con el objetivo de mejorar las políticas activas de protección del medio ambiente en la provincia.
El acuerdo fue rubricado este miércoles por la titular de la Fiscalía de Estado, Gilda Pedicone, y el secretario de Producción, Eduardo Castro. También estuvieron presentes el fiscal adjunto Raúl Ferrazzano y funcionarios de ambas reparticiones.
Un trabajo conjunto para una gestión más eficiente
Pedicone explicó que la Secretaría de Producción tiene un rol clave en el control de los procesos productivos con impacto ambiental y que muchas de las sanciones derivadas de estas inspecciones terminan en ejecuciones fiscales a cargo de la Fiscalía de Estado.
«El bien protegido es el medio ambiente, no queremos perder ese objetivo», subrayó Pedicone. En ese sentido, destacó que la intención no es generar multas con fines recaudatorios, sino promover «conductas ejemplificadoras» para que las empresas cumplan con la normativa ambiental.
Asimismo, resaltó que «cuando hay mejor salud y calidad de vida, no hay precio que compense esas políticas ambientales que la Secretaría tiene a su cargo».
Fiscalización y control ambiental
El convenio también busca dotar a la Secretaría de Producción de la infraestructura y el personal necesario para realizar una fiscalización más eficiente.
«Una de las dificultades que tienen es la necesidad de contar con especialistas en derecho y en cuestiones ambientales. Desde la Fiscalía de Estado les vamos a brindar ese respaldo», detalló Pedicone.
Por su parte, Castro remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los organismos para garantizar que los controles sean efectivos y que las sanciones solo se apliquen en casos de incumplimiento reiterado.
Denuncias y nuevas herramientas digitales
En el marco del fortalecimiento de las políticas ambientales, Pedicone informó que la Fiscalía de Estado ya recibió 20 denuncias a través del sistema de código QR disponible en su sitio web. De ellas, la mitad corresponde a casos de usurpación de terrenos y la otra mitad a problemas ambientales.
Finalmente, Pedicone destacó que este convenio marca «el inicio de una mirada compartida sobre lo que tenemos que hacer como provincia: proteger el medio ambiente».
