El PEN publicó en el Boletín Oficial la vigencia de normas, que apuntan a incorporar al sistema formal los dólares fuera del circuito bancario.
En el primer viernes del año, el Gobierno Nacional oficializó las leyes de Inocencia Fiscal y el Presupuesto 2026, dos normas vitales para la nueva etapa del programa económico que impulsa la gestión de Javier Milei.
Hoy se publicaron en el Boletín Oficial las dos leyes que fueron aprobadas por el Senado de la Nación, el pasado viernes 26 de diciembre.
El Presupuesto establece un marco macroeconómico que el Ejecutivo considera central para consolidar la estabilidad lograda durante los primeros años de gestión.
El previsto para 2026 asciende a $148 billones, con un superávit primario proyectado del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Además, el Gobierno estima una inflación anual del 10,1%, un crecimiento económico del 5% y un tipo de cambio oficial que cerraría diciembre de 2026 en torno a los $1423.
En Casa Rosada consideran a la sanción de ambas leyes, como una señal política y económica hacia los mercados y los organismos internacionales.
El Presupuesto 2026 prioriza los servicios sociales, que concentrarán $106,5 billones. En segundo lugar aparece el pago de la deuda pública, con $14,1 billones, seguido por los servicios económicos, que demandarán $11,4 billones.
El texto también ratifica la decisión oficial de mantener restricciones en la cobertura de vacantes dentro de la administración pública, con excepciones puntuales para áreas consideradas estratégicas como Salud, Seguridad y Defensa.
El Presupuesto prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones, un aumento del 5% en el gasto destinado a jubilaciones, subas del 17% en Salud y del 8% en Educación. Además, se asignan $4,8 billones a las universidades nacionales.
La Ley de Inocencia Fiscal, apunta a uno de los objetivos centrales del Gobierno: incentivar el ingreso de dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero formal. El régimen, que modifica aspectos del sistema penal tributario y de los procedimientos fiscales, parte del principio de considerar al contribuyente como cumplidor salvo prueba en contrario.
La Ley de Inocencia Fiscal, apunta a uno de los objetivos centrales del Gobierno: incentivar el ingreso de dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero formal. El régimen, que modifica aspectos del sistema penal tributario y de los procedimientos fiscales, parte del principio de considerar al contribuyente como cumplidor salvo prueba en contrario.
La norma habilita a las personas físicas a utilizar ahorros no declarados por hasta $100 millones sin enfrentar sanciones penales ni administrativas. No obstante, el alcance del beneficio es limitado: quedan excluidos quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, posean un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.
