Mientras postergan las reformas impositiva y previsional, desde la Casa Rosada preparan una propuesta para modificar la Ley de Contrato de Trabajo. Planean eliminar la cuota sindical obligatoria y declarar como esenciales sectores clave.
El Gobierno nacional decidió avanzar con una reforma laboral y tiene previsto convocar a la Confederación General del Trabajo (CGT) para iniciar negociaciones. La iniciativa busca modificar la Ley de Contrato de Trabajo con cambios sustanciales que afectarían la estructura sindical y las condiciones de empleo. Desde el Ejecutivo aseguran que priorizarán el diálogo y que la reforma será enviada al Congreso “en los próximos meses”.
Con esta decisión, el oficialismo pospone por ahora las reformas impositiva y previsional, a pesar de que ambas forman parte del esquema de compromisos acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Sin un cambio en el régimen laboral, no tiene sentido avanzar con el resto de las reformas”, argumentan en la Casa Rosada.
Cambios estructurales en la relación laboral
El proyecto en elaboración contempla la reducción de la participación estatal en los acuerdos entre trabajadores y empleadores, incluyendo la posible eliminación del requisito de homologación de paritarias por parte del Estado. También se evalúa la eliminación de la cuota sindical solidaria obligatoria, una medida que impactaría directamente en la financiación de los sindicatos.
Otro de los puntos claves es la declaración como “servicio esencial” de actividades como salud, transporte, telecomunicaciones y educación, lo que implicaría restricciones al derecho a huelga en esos sectores. Se buscaría además fomentar mecanismos de mediación y arbitraje para evitar la judicialización de los conflictos laborales.
Entre las reformas en estudio figura también la exigencia de elecciones periódicas y fiscalizadas por la Justicia Electoral para las conducciones sindicales, así como la habilitación de convenios colectivos específicos por actividad.
Negociación abierta con los gremios
Los interlocutores del Gobierno con la CGT serán el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. El objetivo es acercar posiciones con referentes gremiales como Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN). “El paro no afectó nuestro vínculo con el sindicalismo”, aseguran desde el entorno presidencial.
La relación con los gremios tuvo un momento de distensión en septiembre de 2024, cuando el Ejecutivo decidió no reglamentar el artículo 94 de la Ley Bases, que habilitaba despidos por bloqueos o tomas de establecimientos. La redacción establecía que dicha conducta “podrá configurar grave injuria laboral”, pero su aplicación quedó suspendida tras el acuerdo con la central obrera.
El Congreso ya dio los primeros pasos
Durante 2024, el Congreso sancionó algunas modificaciones laborales impulsadas por el Gobierno, como la eliminación de las multas por empleo no registrado, la ampliación del período de prueba a ocho meses y la creación de un fondo de cese laboral optativo. Sin embargo, desde Nación reiteran su negativa a homologar paritarias por encima de la inflación, lo que ha generado tensiones con varios gremios.
Con este nuevo intento de reforma, el oficialismo busca sentar las bases de un modelo laboral más flexible y con menor intervención estatal. El desafío estará en lograr consensos parlamentarios y sindicales para llevarlo adelante sin desencadenar nuevos conflictos sociales.
