En una conferencia de prensa celebrada en la Casa de Gobierno, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se refirió a la problemática de la ocupación de terrenos fiscales en la localidad de El Mollar, destacando la postura firme de su gobierno frente a las usurpaciones en tierras provinciales.
Jaldo dejó en claro que desde su asunción, su administración ha trabajado en la protección y el respeto de la propiedad privada, marcando una clara diferencia con gobiernos anteriores que, según él, habrían sido cómplices de usurpaciones en la provincia. “Este gobierno va a hacer respetar a rajatabla la propiedad privada”, afirmó tajante el mandatario provincial.
El Gobernador enfatizó que las personas que usurpan terrenos fiscales serán detenidas y puestas a disposición de la Justicia, con la posibilidad de enfrentar condenas si así lo determina el proceso judicial. «Hoy tenemos muchos casos de usurpación en El Mollar y otras zonas turísticas, y no nos va a temblar el pulso de intervenir porque son tierras del gobierno de la Provincia de Tucumán», sostuvo Jaldo, quien añadió que no se permitirá que nadie se quede con propiedades que pertenecen al Estado.
Por su parte, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, precisó que su área está trabajando activamente para resolver la ocupación ilegal, especialmente en la zona del perilago del dique El Mollar, un espacio natural de alto valor ecológico y turístico. Según Pedicone, las personas que alegaban tener títulos de propiedad falsificados fueron las responsables de ocupar ilegalmente terrenos, incluso llegando al punto de realizar loteos y venderlos a otras personas. En uno de los casos más emblemáticos, una persona que se dedicaba al pastoreo vendió varios lotes y construyó 14 casas.
Para enfrentar esta situación, el equipo de la Fiscal de Estado inició una cautelar que protege todo el sector del perilago, evitando que se modifique su entorno. Además, en respuesta a un incumplimiento de la medida cautelar, la Justicia ya intervino con la detención de una persona por venta ilegal de terrenos. El individuo, identificado como «Gaucho Castro», intentó justificar la venta de los lotes como si fuera el legítimo propietario, lo que fue refutado por la intervención judicial.
La fiscal concluyó destacando el compromiso de su área con la recuperación de estas tierras usurpadas y la restauración del ecosistema del perilago, asegurando que la Justicia está trabajando para desocupar y devolver el espacio a su propósito original: el disfrute turístico y la preservación ambiental.
Este enfrentamiento contra las usurpaciones se presenta como una prioridad para el gobierno de Tucumán, que promete continuar con firmeza en la protección de los bienes del Estado y el respeto a las normativas legales.
