Avanza la investigación por las presuntas irregularidades descubiertas en el manejo de los fondos del Consorcio Metropolitano para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). Auditoría encargada por la actual intendenta, Rossana Chahla, y que sacó a la luz de la opinión pública el abogado de la municipalidad, Alfredo Falú.
“La lógica que vimos es como si la Municipalidad hubiera usado como empresa constructora al consorcio ya que se le transfería dinero para realizar obras públicas”, resumió ante la Fiscal Mariana Rivadeneira, uno de los profesionales que realizó la auditoría, Octavio Nicolás Concilio, titular del estudio Concilio & Sarralde.
Defraudación a la administración pública por administración fraudulenta, es la figura legal que encuadra la denuncia realizada por Conrado Mosqueira, fiscal municipal. El funcionario sostiene en su escrito que el Consorcio habría sido utilizado para la realización de obras en beneficio de la gestión alfarista en la Municipalidad. Si bien el Consorcio es integrado por la Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes y Banda del Río Salí, el Consejo de Administración es presidido por el municipio “con mayor aporte económico”, es decir, por San Miguel de Tucumán porque gira el 65% de los recursos necesarios para su funcionamiento. Así, al frente del Consorcio se encontraba el alfarista Héctor Argañaraz.
Octavio Concilio habló sobre el rol que cumplieron las tres cooperativas a las que se giró la mayor cantidad de fondos. Dijo que el consorcio no tenía ninguno de los libros, no tenía los balances, presupuestos, muchas cosas que deberían tener legalmente como empresa. “Tenían cuadernos donde anotaban las cosas y un Excel, por lo que había que comparar ambos más un extracto bancario para ver qué faltaba o qué había. El tema de los extractos bancarios es que para el caso de los cheques no se conoce el destinatario, por lo que no sabemos dónde se fueron esos fondos. No tenían los registros que debía tener toda empresa normal, no había expediente ni nada de eso”, sostuvo.
Mosqueira dijo que en un principio hubo reticencia dentro del Consorcio para brindarles información, pero que pusieron un escribano para que no haya dudas posteriores de lo que pedían los auditores. Ya con un escribano de por medio, comenzaron a aparecer “órdenes de pago, listado de los cheques que sacaban pero que tampoco eran consecuentes con las facturas que recibían, las que además eran posteriores. Generalmente no había problemas con los pagos realizados a la empresa Moviser SRL, pero con las tres cooperativas que mencioné en el informe era todo el faltante”, declaró.
Ante Rivadeneira sostuvo que no había licitaciones para la realización de las obras ni tampoco un control sobre los avances; tampoco había profesionales designados para controlar los avances de obra ni la certificación, “nos sabían decir dónde se podía conseguir esto. Eran como intermediarios, pero no sabemos de quiénes”.
La Fiscal de delitos complejos le consultó si de su auditoría se desprende que haya dinero del que se desconozca su destinatario por faltar documentación y concilio respondió que “el total de $ 1.000 millones aproximadamente y podría ser mayor, de esa plata no había respaldo de ningún tipo para conocer dónde fue el dinero”.
