El Gobierno cuestionó el fallo de Loretta Preska y alertó sobre las consecuencias diplomáticas y económicas si se concreta la cesión
Argentina presentó este lunes un nuevo escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF, tal como había ordenado la jueza Loretta Preska. En el documento, el país solicitó extender la interrupción mientras se resuelve el proceso de apelación de fondo, advirtiendo que una ejecución inmediata podría generar “daños irreparables” e incluso “conflictos diplomáticos significativos”.
El argumento fue respaldado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que sostuvo que el fallo de Preska contradice el criterio del propio gobierno norteamericano y de otros tribunales en casos similares. Sebastián Maril, analista de Latam Advisors y especialista en el litigio, difundió los principales puntos del escrito, que fue presentado en los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge, impulsados por fondos que reclaman indemnizaciones tras la estatización de la petrolera en 2012.
Cuestionamientos legales y advertencias sobre política exterior
Entre los fundamentos, el escrito sostiene que la orden de Preska vulnera la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, ya que las acciones en disputa no están en territorio estadounidense, ni han sido utilizadas para actividades comerciales allí. También advierte que obligar a la Argentina a transferirlas implicaría violar su propia legislación interna y los principios de cortesía internacional (“comity”).
“La ejecución de la orden sin una suspensión definitiva causaría un daño irreparable a la República, porque sería prácticamente imposible revertirla una vez concretada”, sostiene el documento. Según el Gobierno, perder el control estatal sobre YPF —la principal empresa energética del país— tendría consecuencias estructurales, no solo para la economía, sino también para el interés público.
Además, se subraya que una confirmación de la sentencia podría afectar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y abrir la puerta a represalias judiciales en otros países contra activos estadounidenses.
El rol del Congreso y la falta de perjuicio acreditado
En el caso Petersen/Eton Park, el Gobierno también remarcó que, según la ley argentina, la venta de las acciones de YPF no puede concretarse sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional, lo que hace inviable cualquier riesgo de “disipación” de activos.
Por otro lado, los demandantes no lograron demostrar que sufrirían un daño si se mantiene la suspensión, ni tampoco pudieron probar que el país no enfrentaría un perjuicio grave si las acciones fueran transferidas. “La cesión significaría la pérdida irreversible de un activo estratégico”, indicaron los abogados de la República.
Firmeza jurídica y soberanía
En el expediente Bainbridge, Argentina reiteró los mismos argumentos: la falta de perjuicio para los demandantes, la imposibilidad de avanzar con la venta de las acciones sin aval legislativo, y el daño irreparable que implicaría una pérdida del control estatal sobre YPF. También rechazó la exigencia de una garantía adicional, señalando que la propia legislación local ya garantiza el mantenimiento del statu quo.
Desde la Procuración del Tesoro, el Gobierno aseguró que continuará defendiendo los intereses del país “con firmeza jurídica y pleno respeto por la soberanía, en contraste con la desidia de quienes nos llevaron a enfrentar esta situación”.
Ahora, la Corte de Apelaciones deberá decidir si concede la suspensión definitiva de la orden de Preska mientras se tramita la apelación, o si permite que el fallo quede firme con efecto inmediato. La resolución podría conocerse en las próximas horas o días.
