Recientemente, este mismo viernes 17 de marzo, se emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin. La Corte Penal Internacional (CPI) considera que el presidente ruso es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal” de niños ucranianos y de su “traslado ilegal a la Federación Rusa”.
El tribunal fue creado hace veintiún años, con la misión de juzgar a individuos acusados de cometer delitos graves, tales como genocidio, crímenes de guerra, agresión y lesa humanidad. Desde la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022, se encarga de evaluar de cerca el conflicto. En específico, el fiscal del CPI Karim Khan, creía necesaria una “investigación prioritaria” en relación a lo que ocurre con los niños.
Por esto mismo, la Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, también recibió acusaciones y su respectiva orden de detención. Según un comunicado emitido por el juzgado, existen “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños”.
La diputada del Parlamento ucraniano, Lesia Zaburanna, manifiesta que son más de 16.000 niños ucranianos deportados a Rusia desde la ocupación. Se trata del 20% de la población infantil del país invadido. Los menores son separados de sus padres de manera forzosa, se les entrega la ciudadanía rusia y sus nombres son cambiados, en un afán por impedir su identificación y posterior reunión con sus familias. “Les aseguran que en Rusia van a estar mejor, les venden una realidad falsa y después son separados de sus padres por la fuerza”.
Además, Zaburanna afirma que “les lavan el cebro”, puesto que se les obliga a consumir contenido político propagandístico, con el propósito de impartir en ellos una ideología a favor del Kremlin. Agrega que estas operaciones de “crimen humanitario” son ejecutadas por los rusos desde su invasión al territorio de Crimea en 2014.
Por otra parte, el jueves se difundió una investigación avalada por la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el informe no solo se mencionan los delitos contra los pequeños, sino que se detallan posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por Rusia contra civiles ucranianos en general, tales como tortura y asesinatos sistemáticos. La Comisión de Investigación de la Organización, sostiene que estas situaciones “violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.
El país gobernado por Putin no admite tales acusaciones y considera irrelevante las órdenes emitidas. La portavoz de la cancillería rusa, Maria Zajárova, expresó en su cuenta de Telegram: “las decisiones de la Corte Penal Internacional (no reconocida por Moscú) no tienen ninguna importancia para nuestro país, incluyendo desde el punto de vista legal”. Los expertos declaran poco probable una entrega de los sospechosos ante el juzgado.
Entretanto, aunque Ucrania tampoco es miembro de la CPI, el presidente Volodímir Zelenski acepta la autoridad del tribunal en su territorio y mantiene cooperación con el fiscal. Kiev aseguró que se trata tan solo del inicio de la Justicia que caerá sobre el dirigente ruso por las atrocidades cometidas.
“Los jueces han revisado la información y las pruebas presentadas por el fiscal y han determinado que existen acusaciones creíbles contra estas personas (Vladimir Putin y Maria Alekseyevna Lvova-Belova) por los presuntos delitos”, anunció en un comunicado el presidente del juzgado, Piotr Hofmański. “La CPI está haciendo su parte del trabajo. Como tribunal de justicia, los jueces emitieron órdenes de arresto. La ejecución depende de la cooperación internacional”.
